martes, 19 de octubre de 2010

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DEMOCRACIA INTERNA: RETO INELUDIBLE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En 1911 Robert Michels, en su estudio sobre el Partido Socialdemócrata alemán, alertaba sobre uno de los problemas centrales a los que se enfrentan los partidos políticos: el de la Ley de Hierro de la Oligarquía. En su trabajo señalaba que un partido nunca sería democrático porque en la propia organización estaba el germen de la oligarquía. Esta descripción sobre las organizaciones partidistas europeas, realizada hace casi ya un siglo, podría extrapolarse hoy fácilmente a la mayoría de los partidos políticos latinoamericanos. Muchos partidos de la región (aunque es cierto que no sólo ellos) son organizaciones oligárquicas, donde se adoptan decisiones de manera excluyente, con liturgias cesaristas, sin tener en cuenta las opiniones de los militantes y donde éstos sólo son consultados para legitimar políticas y resoluciones ya tomadas en círculos pequeños. En estos partidos, las élites controlan de manera férrea el poder, no facilitan la participación de todos los grupos en las definiciones programáticas o en la elección de los candidatos y las bases militantes carecen de mecanismos para premiar o castigar a sus líderes si estos no cumplen con sus promesas electorales, sus programas de gobierno o sus compromisos internos. Esos partidos se caracterizan por tener bajos niveles de democracia interna..., a pesar de repetir incansablemente su vocación democrática.

La presencia de partidos con desarrollos organizativos y procesos decisionales poco participativos no ha impedido la rutinización de sistemas poliárquicos en América Latina. Tras los procesos de democratización de la década de 1980, la mayoría de los partidos se preocuparon por competir en la arena electoral y maximizar sus beneficios en las urnas, descuidando la transparencia de sus procedimientos, la opinión de los militantes y la inclusión de diversos subgrupos en los procesos partidistas. La creencia más común era que la democracia interna no aumentaba las posiblidades de éxito en las elecciones. Para ganar elecciones se necesitaban altos niveles de disciplina y cohesión interna, mostrar un partido unido y homogéneo ante el electorado, lo cual iba a contramano del pluralismo y la posibilidad de disidencia, requisitos fundamentales para la democratización de los partidos.

El creciente descrédito de los partidos ante la opinión pública y las erráticas gestiones de muchos de ellos en contextos de crisis económicas profundas, han llevado a algunos a creer que la reforma de los partidos y su democratización interna son centrales para asegurar la estabilidad de la democracia y la gobernabilidad en la región. Sin partidos transparentes, incluyentes y responsables ante sus miembros (y ante la sociedad), la distancia entre organizaciones partidistas y ciudadanos se incrementa. Por ello, un reto indispensable para mejorar el rendimiento de los sistemas democráticos está en mejorar el funcionamiento interno de los partidos y su manera de vincularse con las instituciones y con los ciudadanos.

Los partidos políticos necesitan ganar elecciones para sobrevivir y, para ello, se enfrentan al desafío de las formas. Cada vez más importa "lo que se hace" y, fundamentalmente, "cómo se hace". Es cierto que algunos de los retos a los que se enfrentan en la actualidad los partidos tienen mucho de normativo y voluntarista. La democracia interna se presenta como una panacea difícil de alcanzar. Aún así, el sistema democrático necesita de partidos ágiles, participativos y transparentes; confiables y eficientes en la representación de las demandas de los ciudadanos y efectivos en la gestión de gobierno.

Cualquier esfuerzo orientado hacia su democratización es poco, aún cuando no se sepa muy bien qué es lo que se puede encontrar al final del camino. Partidos excesivamente democráticos pueden resultar ingobernables pero partidos no democráticos afectan la confianza de los ciudadanos hacia ellos y la calidad del sistema democrático.

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA INTERNA? DEFINICIONES CONCEPTUALES E INDICADORES

Una de las principales dificultades al tratar el tema de la democracia interna tiene que ver con su definición. ¿Qué es la democracia interna? No hay hasta el momento una única manera de definirla, toda vez que depende del enfoque en el cual cada uno se posicione. Se la suele asociar a lo que debería ser un "buen partido" y toma diferentes rostros según sea la definición de democracia que uno defienda. Aún así, hay un mínimo. La "democracia interna" en un partido supone la adopción de los principios de este sistema político en el interior de la organización. Desde una perspectiva pluralista eso significa la inclusión del criterio de competencia, adopción de valores democráticos tales como la libertad de expresión y la libertad de elección para sus miembros y, por tanto, utilizar mecanismos competitivos en el proceso de toma de decisiones, la participación del afiliado en la formación de la voluntad partidista y la existencia de canales que permitan el ejercicio efectivo del control político.

Para ello debe cumplir una serie de requisitos:

garantías de igualdad entre los afiliados y protección de los derechos fundamentales en el ejercicio de su libertad de opinión; mecanismos de selección de candidatos a cargos de representación (internos o externos) competitivos; participación de los afiliados en los órganos de gobierno, sin discriminación en la representación de los diversos grupos que integran la organización; activa influencia de los diversos grupos en la discusión y formación de las posiciones programáticas y elaboración de propuestas del partido y en las decisiones comunes que éste tome; respeto del principio de mayoría, que haga que las decisiones sean tomadas en función de la agregación mayoritaria de las voluntades individuales y garantías para las minorías; y control efectivo por parte de los militantes de los dirigentes, a través de procesos que castiguen o premien a los que toman las decisiones.

Evidentemente, no hay un sólo grado de democracia interna. En la práctica, puede haber organizaciones más o menos democráticas. Habrá más democracia interna sólo cuando haya una buena dosis de cada uno de los elementos mencionados. Lo que no está suficientemente claro aún, es cuánto de cada uno de estos elementos son necesarios para que un partido sea más democrático. Puede haber elecciones internas para elegir candidatos y autoridades pero que el partido continúe siendo oligárquico y cerrado a los militantes de base. Puede ser que un partido integre a diversos sugrupos en sus candidaturas, pero que esos candidatos/as sean elegidos "a dedo", sin una participación efectiva de los militantes ni competencia entre diversas candidaturas. Incluso pueden hacerse elecciones internas para seleccionar candidatos y/o autoridades, pero que sean sólo vehículos de legitimación de decisiones autoritarias y que los militantes no tengan ninguna posibilidad de ejercer control sobre las autoridades partidarias.

Si bien resulta difícil medir el nivel de democracia interna de un partido político, mi propuesta consiste en explorar la presencia de una serie de procesos en el funcionamiento interno; así como también el modo en que se llevan a cabo dichos procesos. Las dimensiones e indicadores a partir de los cuales se puede realizar mejor esa observación son tres:

A. Selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades partidistas;

B. Participación de minorías y sectores sociales subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos étnicos) en el proceso de toma de decisiones y en la definición programática del partido;

C. Rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a las bases.

A. Selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades partidistas

El proceso de selección de candidatos es un indicador clave para descubrir el juego de interacciones que influyen en las decisiones que se dan en el interior de un partido. Los métodos pueden ser clasificados de diversas maneras según sea el criterio empleado y la elección del mecanismo tiene consecuencias sobre el tipo de democracia interna que se da en la organización. Los mecanismos más participativos e incluyentes serán aquellos en los que se celebren elecciones y los menos serán en los que decide una sola persona (el líder del partido). El número de personas que participa en el proceso decisional es una variable fundamental para conocer el grado de democratización de un partido político.

Las circulación de las élites y la capacidad de renovación de los que trabajan y dirigen el partido son elementos importantes para que haya democracia interna. Por ello, se debe garantizar el uso de mecanismos participativos en la elección de las autoridades como una manera de enfrentar la oligarquización organizativa. Posiblemente, este sea uno de los retos más difíciles de alcanzar. Cualquier político que tenga en sus manos la dirección partidista o el control de recursos de poder dentro de un partido político, no querrá desprenderse de ellos. Es natural que desarrolle actitudes conservadoras con respecto al cambio organizativo. Y, precisamente, el escaso recambio delas autoridades partidistas, la constante reelección de los mismos dirigientes o de miembros vinculados por lazos no burocráticos, son cuestiones que dificultan los niveles de democracia interna, ya que no facilitan la igualdad de oportunidades de los miembros de ascender en la carrera burocrática.

B. Participación de minorías y sectores sociales subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos étnicos) en el proceso de toma de decisiones y en la definición programática del partido

Que un partido utilice elecciones para seleccionar a sus candidatos o a sus dirigentes no basta para que sea más democrático. El nivel de participación (e inclusión) de los militantes en la representación del partido, en la definición del programa, en la delimitación de las estrategias y en las decisiones, también importan al medir el nivel de democracia interna así como también es relevante la presencia de minorías y de grupos poco representados (mujeres, jóvenes) en los órganos de dirección y en las candidaturas del partido. La equitativa representación de los diferentes grupos suele buscarse a través de mecanismos normativos de discriminación positiva, que se convierten en acciones destinadas a favorecer la igualdad, la representación política y dar un trato preferencial a los sectores marginados.

En la práctica, no hay consenso sobre la adecuación de utilizarlos y, cuando se emplean, suelen ser para la representación de los grupos en las instituciones estatales y no en los partidos. El debate tiene dos posiciones. Por una parte, los que se manifiestan en contra de su uso porque señalan que su empleo - sin que medie la competencia de los iguales ante la ley - es una herencia medieval, corporativa y altamente anti-democrática. Por otra, quienes están a favor y sostienen que es un instrumento institucional que favorece la equiparación igualitaria de sectores desfavorecidos y que debe ser utilizado de manera provisional hasta que los diversos grupos consigan equiparar la representación. Así, un partido será más democrático cuando en sus órganos de gobierno se hallen representados todos los sectores, incluyendo las minorías, que integran la comunidad partidista.

Una cuestión que aquí tambien importa es la representación territorial de los grupos locales en los órganos de decisión partidista. Para que se den mayores niveles de democracia interna debe haber una mayor descentralización territorial de las decisiones (beneficiar a la periferia). En resumen, debe darse la participación de los militantes en el proceso decisional central, sin exclusiones territoriales, sin sanciones por expresar las diferencias y una mejor representación en los órganos de gobierno.

C. Rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a las bases

Una última dimensión, quizás la menos explorada en el análisis de la democracia interna, es la rendición de cuentas tanto de los dirigentes como de los candidatos respecto de los militantes del partido. La democratización se consigue con mayor control de los representantes por parte de los ciudadanos y esto se hace extensible a los militantes con respecto a sus autoridades y sus candidatos.

Precisamente, el hecho de que los dirigentes de los partidos deban responder a las exigencias de los miembros y de los ciudadanos en general es lo que los diferencia de cualquier otro tipo de organización.

Un partido será entonces internamente democrático cuando sus dirigentes rindan cuentas ante sus miembros y estos, al tener información, puedan apartarlos del poder o del manejo del partido. A pesar de ello, la idea de que los ciudadanos tengan la posibilidad de premiar y castigar no sólo en momentos de elecciones y respecto a políticas concretas es una medida posible, aunque difícil de poner en práctica.

En resumen, hoy sabemos que un partido gozará de mayores niveles de democracia interna cuando sus líderes y candidatos se elijan por los miembros, a través de mecanismos competitivos; en donde las decisiones sean inclusivas y sean
tomadas con la participación voluntaria de sus miembros; los órganos de gobierno no discriminen la integración de los diferentes grupos (incluso aquellos que son minoritarios); aquellos que piensen distinto puedan expresar sus preferencias sin temor a ser castigados; los candidatos, cargos públicos y autoridades rinden cuentas de sus actos a través de mecanismos de control efectivo y se dé el respeto de una serie de derechos y responsabilidades que garanticen la igualdad de los miembros en cualquier proceso de toma de decisiones.

Un partido democrático será aquel que internamente acepte y ejerza el pluralismo, favoreciendo la participación de los miembros en cada proceso y garantizando que la heterodoxia del partido no sea castigada con la eliminación o la separación por manifestar sus descontentos. Democratizar es tanto facilitar la participación de todos los actores partidistas (o un número importante de ellos) como proteger a los que piensan distinto.

¿QUÉ HACER PARA QUE LOS PARTIDOS SEAN MÁS DEMOCRÁTICOS INTERNAMENTE?

Siete propuestas para democratizar el funcionamiento interno de los partidos:

1. Elecciones internas, ya! (pero cerradas), con el fin de garantizar la idea de "un hombre, un voto"; preservando la organización del entorno y haciendo que el partido sea el que tome sus decisiones. Este mecanismo implica una mayor participación de los militantes; ayuda a que el partido se movilice y se preocupe por intereses sociales hasta el momento no representados; permite dirimir conflictos entre múltiples liderazgos o entre facciones internas y, finalmente, mejora el nivel de legitimación de la organización ante la opinión pública. Estas elecciones deben ser simultáneas, obligatorias para todos los partidos y con la participación de los organismos electorales en la organización del proceso.

Propongo elecciones internas cerradas debido a los costos de emplear las elecciones internas abiertas. En primer lugar, la participación del entorno en las decisiones internas afecta la autonomía partidista y pone en entredicho la naturaleza misma de la organización. En segundo lugar, la presión por encontrar y representar nuevos intereses alienta el empleo de estrategias electorales del tipo "catch all" y la ambigüedad programática, ya que los candidatos buscarán rehuir declaraciones ideológicas demasiado precisas, y se moverán no por los intereses de sus militantes sino por las preferencias del electorado en general. En tercer lugar, esta práctica hace que el candidato se coloque por encima de la organización, ya que se busca su legitimación fuera de ella, lo que potencia el personalismo y los liderazgos del tipo "outsiders".

2. Extensión de los procesos eleccionarios para todos los cargos de elección popular, en todos los niveles institucionales.

Es fundamental extender los procesos participativos y transparentes a todos los niveles institucionales del partido. Las listas de candidatos deberían formarse a partir de procesos del tipo "top down" (de abajo hacia arriba) para garantizar que los militantes participan en dicho proceso. Esos procedimientos deben extenderse por todo el país y no sólo en la capital o las ciudades más importantes. Además, los partidos podrían contar con cuotas de participación para representar las unidades geográficas dentro del partido. Estas instancias deberían ser espacios que cumplan con funciones como la de reclutamiento de nuevos grupos de miembros al partido; recolección de demandas ciudadanas locales; elaboración de propuestas programáticas; introducción de nuevas estrategias mediáticas y de comunicación política, entre otras.

3. Mecanismos de acción afirmativa.

Los partidos deberían introducir en sus Estatutos mecanismos de "acción afirmativa" (cuotas) para fomentar la participación de las mujeres, los jóvenes y las minorías étnico-culturales en las listas de candidatos y en los órganos de gobierno del partido. También deberían emplear la fórmula de representación proporcional en la conformación de dichos órganos como una manera de garantizar la participación de las corrientes minoritarias en la dirección partidista.

4. Introducción de mecanismos de control interno (Oficina del Defensor del Militante; expulsión de candidatos y autoridades que no cumplan directrices del partido; elecciones competitivas para elegir autoridades). Los partidos deberían incorporar mecanismos que permitan a los militantes estar más informados de lo que ocurre en el partido, así como también generar instrumentos que ayuden a poner en práctica la rendición de cuentas por parte de las autoridades y candidatos. Esos mecanismos deben contemplar la posibilidad de que los militantes puedan exigirles explicaciones a las autoridades partidistas cuando sus decisiones no satisfacen
su actuación, o cuando no son lo suficientemente participativos en la definición de sus políticas y sus propuestas.

5. Renovación de los cargos de dirección y de control político por medio de procedimientos competitivos. A fin de asegurar que haya pluralismo el partido, algunos Estatutos establecen la prohibición de la reelección de las autoridades de los partidos. Otros señalan que para garantizar la eficiencia debe dársele la posibilidad de permanecer en el cargo, a los efectos de ser castigado o recompensado en función de la gestión que realice en el primer período.

6. Incentivos que reduzcan el patrimonialismo.

Otra propuesta es que la ley establezca restricciones al patrimonialismo, poniendo limitaciones a la distribución discrecional de puestos (y candidaturas) a familiares de los dirigentes de mayor jerarquía. De este modo, contribuiría a racionalizar la elección de los dirigentes y combatiría de una manera directa la política informal.

7. Modernización de los procedimientos. Circulación de la información. Informatización de la información.

Los partidos deben incorporar mecanismos que permitan a los militantes estar más informados de lo que ocurre en el partido. Resulta fundamental que la realización de cualquier proceso electoral, ya sea de candidatos o autoridades, esté acompañado por una correcta informatización de la membresía y por padrones actualizados, de manera que no se infle el cuerpo electoral interno y de que se garantice la participación de todos aquellos que quieran ser candidatos o que simplemente quieran participar en los procesos internos.

Se propone la creación de grupos de estudio, equipos de investigación, empleo de nuevas tecnologías y construcción de redes de transmisión de la información entre los miembros. El punto central, es que los miembros del partido tengan la capacidad y la posibilidad de involucrar a los líderes del partido en un intercambio de ideas y en la toma de decisiones.

Se deben desarrollar vías de comunicación horizontal y vertical dentro del partido. Los miembros del partido deben contar con información clara y veraz, de manera abierta y regular de la información básica del partido, sus estrategias y posiciones programáticas. El partido tiene que conseguir que las diferentes ramas del partido estén en comunicación constante, que se "conversen" las políticas del partido con los miembros de esas ramas (mujeres, jóvenes) así como también las actividades que desarrollan.

8. Capacitación de los miembros. También es fundamental la capacitación de los miembros de los partidos en nuevas destrezas para enfrentar los desafíos partidistas y de su entorno. Esto tiene que ver con la necesidad de profesionalización y adecuación a los nuevos retos que supone la comunicación política, los cambios en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y la comunicación y la reingeniería electoral.

Flavia Freidenberg ** Universidad de Salamanca Revistas de Derecho electoral

lunes, 18 de octubre de 2010

Revisando la hemeroteca.

DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS: EN EL PSOE Y PP NO EXISTE

La renovación de ideas y personas es imposible en los partidos políticos si su funcionamiento interno no es democrático. En España, los estatutos de los partidos recogen formalmente la democracia interna pero, en la práctica, sus fórmulas de validación de nuevas candidaturas y de participación impiden que los militantes voten libremente los miembros de su comité de dirección, que sólo buscan la perpetuación de cargos.

La ausencia de elección democrática por parte de los afiliados de un partido en cada circunscripción local, regional y nacional de los aspirantes a los diversos puestos provoca que accedan a las candidaturas personalidades menores, que sólo siguen el guión marcado por el comité que los ha colocado y son incapaces de defender un discurso propio.

Ante la carencia de selección entre diferentes propuestas que compitan por captar el voto directo, libre y secreto de los afiliados, se perpetúa el pensamiento único y se dificulta la renovación ideológica dentro de las organizaciones.

Si además se aplican medidas disciplinarias a las corrientes internas no alineadas con el discurso de la dirección, se margina a los librepensadores y no se aplica la limitación de mandatos dentro de los partidos se impide el acceso al ámbito político de profesionales, ajenos o no al régimen imperante, que logren introducir nuevas ideas y ayuden con mayores bríos a la evolución sociocultural de cada nación.

A las anteriores carencias, habría que sumar la necesidad de selección previa, mediante los votos de los militantes, de los candidatos oficiales que deben representar al partido en cada convocatoria electoral, de modo que el elegido resultase de una discusión pública sobre su capacidad de liderazgo, preparación, ideas y valores, así como de la concreción de sus propuestas de solución y defensa de los intereses de los ciudadanos.

Es decir, como mínimo, se echa en falta la instauración de procesos verdaderamente democráticos, como las primarias y los caucus que llevan a cabo con total transparencia democrática el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Allí, los diversos candidatos van enfrentando su discurso estado por estado y, expuestos al análisis pormenorizado de los medios de comunicación, van recibiendo apoyos para alcanzar un número máximo de compromisarios que les permita liderar su partido para concurrir a las elecciones presidenciales.

Si observamos el artículo 6 de la Constitución, pese a que se explicita que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", el cainismo nacional y la falta de apego "real" a la filosofía de la libertad, presentes en la mayoría de dirigentes políticos, boicotean cualquier candidatura opcional, interponiendo trabas estatutarias, como la consecución de un alto número de compromisarios como avales, a modo de barrera que impida la mínima disensión dentro del partido.

Actualmente, los partidos actúan de forma endogámica y huyen de la renovación interna, evitando preguntar "directamente" cuál es la voluntad de los militantes acerca de ideas y proyectos que generen alternativas al régimen político.

En mi modesta opinión, dado que aportan financiación y constituyen los recursos humanos de la organización, deben ser los afiliados y no las castas directivas los que decidan quiénes deben ser promovidos dentro de la organización interna y, en las diferentes elecciones, quiénes deben ser candidatos. Sólo extendiendo la democracia por las principales instituciones de la sociedad se logrará alzar a las personas más capaces a posiciones que impulsen nuestro país hacia mayores cotas de prosperidad, conforme a los principios de la Constitución Española de 1978.

Por ello, si queremos un mejor comportamiento de los partidos políticos, es preciso exigir la obligatoriedad constitucional de democracia interna "efectiva" y aplicar el voto "libre, igual, directo y secreto" a todas sus elecciones de cargos directivos y de candidatos. Y, de modo equivalente, para favorecer la renovación institucional, debería exigirse lo mismo en los sindicatos, en las patronales, en las universidades y en las principales instituciones de la nación que reciban fondos públicos.

Probablemente, sea requisito imprescindible el concurso de notarios públicos para que proporcionen "fe pública" y validen la limpieza de cada proceso de democracia interna a lo largo y ancho de todas las instituciones en España. Y, sin duda, una nueva redacción del artículo 6 debe intentar explicitar con mayor detalle lo anterior, como requisito fundamental previo para concurrir a las elecciones a cargos públicos.

Fuente y autor: Instituto Juan de Mariana ÁNGEL FERNÁNDEZ

miércoles, 13 de octubre de 2010

Matemática Evolutiva.

¿Problemas con las matemáticas?

Por eso estamos como estamos, puras neuronas perezosas...

La semana pasada compré un producto que costó 158 €. Le di a la cajera 200 € y busqué en el bolsillo 8 € para evitar recibir más monedas .La cajera tomó el dinero y se quedó mirando la máquina registradora, aparentemente sin saber qué hacer.

Intenté explicarle que ella tenía que darme un billete de 50 € de vuelta, pero ella no se convenció y llamó al gerente para que la ayudara. Tenía lágrimas en sus ojos mientras que el gerente intentaba explicarle lo que ella, aparentemente, continuaba sin entender.

¿Por qué os estoy contando esto?

Porque me di cuenta de la evolución de la enseñanza en las matemáticas desde 1950, que fue así:

1) Enseñanza de matemáticas en 1950:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 €. El costo de producción de ese carro de leña es igual a 4/5 del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia?

2) Enseñanza de matemáticas en 1970

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 €. El costo de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia?

3) Enseñanza de matemáticas en 1980:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 €. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 €. ¿Cuál es la ganancia?

4) Enseñanza de matemáticas modernas en 1985:

Un leñador cambia un carro “P” de leña por un conjunto “M” de monedas.

El cardinal del conjunto “M” es igual a 100 €. y cada elemento vale 1 €.

Dibuja 100 puntos gordos que representen los elementos del conjunto M.

El conjunto “F” de los gastos de producción comprende 80 puntos gordos del conjunto M.

Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto M, estudia cuál será su unión y su intersección, y da respuesta a la cuestión siguiente:

¿Cuál es el cardinal del conjunto “B” de los beneficios?

Dibuje B con color rojo.

5) Enseñanza L O G S E :

Un leñador vende un carro de leña por un importe de 100 €. Los gastos de producción se elevan a 80 €, y el beneficio es de 20 €.

Actividad: subraya la palabra “leña” y discute sobre ella con tu compañero.

6) Enseñanza de matemáticas en 1990:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 €. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 €. Escoja la respuesta correcta, que indica la ganancia:

(20 €) (40 €) (60 €) (80 €) (100 €).


7) Enseñanza de matemáticas en 2000:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 €. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 €. La ganancia es de 20€ ¿Es correcto?

(Si) (No).


8) Enseñanza de matemáticas en 2008:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 €. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 €. Si Ud. sabe leer coloque una X en los 20 € que representan la ganancia.

(20 €) (40 €) (60 €) (80 €) (100 €).


9) Enseñanza de matemática curso 2009/10:

No se preocupen si no saben responder el ejercicio anterior, llevarán a los profesores a la Oficina de Supervisión del Ministerio de Educación y les exigirán, a los profesores, repetir la prueba en vista de que la pregunta es de alta dificultad.

Además, también pueden valerse, como elemento de apoyo, de chuletas, libro o de cualquier método o sistema para copiar en el examen sin que por ello sea expulsado de dicho examen ni suspendido, ya que, según la Universidad de ........., están en su derecho.

LA PRÓXIMA REFORMA:

*** El enunciado será algo así: ***

10) «Ebaristo, labriego y leñador, burgues, latifundista espanyol facista spekulador i intermediario es un kapitalista insolidario y centralista q sa enriquezio con 100 pabos al bender espekulando un mogollón d leña».

Bibe al hoeste de Madrid esplotando ha los magrevies. Lleba a sus ijos a una ejcuela de pago.

Analiza el testo, vusca las faltas desintasis, dortografia, de puntuazion, y si no las bes no t traumatices q no psa nda.

Ejcribe tono, politono o sonitono con la frase “QUE LISTO EL EBARISTO” y envia unos sms a tus colejas komentando los avusos antidemocráticos d Ebaristo i conbocando una manifa expontanea d protesta. Si bas a la manifa sortearan un buga guapeado. SALU2

viernes, 8 de octubre de 2010

Aprendiendo ética.

CÓDIGO EUROPEO DE CONDUCTA PARA LA INTEGRIDAD POLÍTICA DE LOS REPRESENTANTES LOCALES Y REGIONALES ELECTOS

PREÁMBULO

El Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa,

Subrayando que los representantes locales y regionales electos desempeñan sus deberes en el marco de la ley y con arreglo al rnandato que les ha conferido el electorado y que son responsables ante el conjunto de la población local o regional, incluidos los electores que no les han votado;

Considerando que el respeto por el mandato del electorado va estrechamente
unido el respeto de una normas éticas;

Profundamente preocupado por el aumento del número de escándalos judiciales en los que están implicados representantes políticos que han cometido delitos en el desempeño de su cargo y teniendo en cuenta que los representantes locales y regionales electos no son ajenos a dichos delitos;

Convencido de que la promoción de códigos de conducta para los representantes locales y regionales electos permitirá crear confianza entre los políticos locales y regionales y los ciudadanos ;

Convencido de que una relación de confianza es indispensable para que los
representantes electos puedan desempeñar sus funciones de forma eficiente;

Considerando que cada vez es más frecuente que la legislación se complemente mediante códigos de conducta en distintos ámbitos como las relaciones comerciales, las relaciones bancarias y la administración;

Convencido de que los representantes locales y regionales electos están
obligados a tomar medidas similares relativas a sus distintos ámbitos de
responsabilidad;

Convencido de que una definición, en forma de código de conducta, de los
deberes éticos de los representantes locales y regionales electos aclarará sus
funciones y sus obligaciones y reafirmará la importancia de dichos deberes;

Convencido de que dicho código debe incluir en la mayor medida posible todo el trabajo desarrollado por los representantes electos;

Subrayando que las normas de conducta implican unos imperativos éticos que
deben ser respetados;

Resaltando que el conjunto de la sociedad civil debe participar en la restauración de un clima de confianza y subrayando el papel de los propios ciudadanos y los medios de comunicación al respecto;

Reiterando que no se pueden imponer obligaciones sin que se ofrezcan garantías que permitan a los representantes locales y regionales electos cumplir sus deberes y considerando al respecto las disposiciones pertinentes del Carta Europea de Autonomía Local y la Propuesta de Carta Europea de Autonomía Regional;

Teniendo en cuenta la legislación actualmente en vigor en los Estados miembros y el trabajo relevante llevado a cabo a escala internacional, propone el presente Código de Conducta para la Integridad Política de los Representantes Locales y Regionales Electos:

I – Ámbito

Artículo 1 - Definición de los representantes electos

A los fines del presente Código, por "representante electo" se entenderá cualquier político con un mandato de autoridad local o regional que se le haya conferido en una elección principal (elección por sufragio directo) o una elección secundaria (elección para un cargo ejecutivo del consejo local o regional).

Artículo 2 - Definición de funciones

A los fines del presente Código, por "funciones" se entenderá un mandato electo principal o secundario y todas las funciones desarrolladas por los representantes electos dentro de su mandato.

Artículo 3 - Objeto del código

El objeto del presente Código es especificar las normas de comportamiento que se esperan de los representantes electos en el desempeño de sus deberes e informar a los ciudadanos de las normas de comportamiento que pueden esperar de sus representantes electos.

II - Principios generales

Artículo 4 - Primacía de la ley y del interés público

Los representantes electos deberán desempeñar su cargo con arreglo a la
legislación y actuar en todo momento con arreglo a la misma.

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán servir al interés público y no exclusivamente a su interés personal, ya sea directo o
indirecto, o al interés privado de personas o grupos de personas con el fin de
obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos.

Artículo 5 - Objetivos del desempeño de un mandato

Los representantes electos deberán comprometerse a desarrollar sus funciones
con diligencia, transparencia y voluntad de responder por sus decisiones.

Artículo 6 - Limitaciones al desempeño de un mandato
En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán respetar las facultades y prerrogativas de todos los demás representantes políticos electos y cualesquiera empleados públicos.

No deberán animar o ayudar a ningún otro representante político o a cualquier otro empleado público a violar los principios que se establecen en el presente
documento en el desempeño de sus funciones.

III - Obligaciones específicas

1 - Asunción del cargo

Artículo 7 - Normas que rigen las campañas electorales

Las campañas de elección de candidatos deberán tener como objetivo ofrecer
información y explicaciones sobre sus programas políticos.

Los candidatos no deberán tratar de conseguir votos por cualquier medio distinto de la argumentación persuasiva y el debate.

En particular, se deberán abstener de tratar de obtener votos calumniando a otros candidatos, utilizando la violencia y/o amenazas, manipulando las listas
electorales y/o los resultados de las votaciones o concediendo o prometiendo
favores.

2 - Desempeño del cargo

Artículo 8 - Prohibición del favoritismo

Los representantes electos deberán abstenerse de ejercer sus funciones o utilizar las prerrogativas de su cargo en el interés privado de personas o grupos de personas con el objetivo de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos.

Artículo 9 - Prohibición de ejercer la autoridad en beneficio propio

Los representantes electos deberán abstenerse de desempeñar sus funciones o utilizar las prerrogativas de su cargo para promover sus intereses personales o privados, ya sean directos o indirectos.

Artículo 10 - Conflicto de intereses

Cuando los representantes electos tengan un interés personal directo o indirecto en cuestiones que estén siendo estudiadas por consejos locales o regionales o por organismos ejecutivos, deberán comprometerse a hacer públicos dichos intereses antes de que se produzcan las deliberaciones y se proceda a cualquier votación.

Los representantes electos deberán abstenerse en cualquier deliberación o
votación de una cuestión en la que tengan un interés personal, ya sea directo o
indirecto.

Artículo 11 - Límite al desempeño concurrente de uno o más cargos

Los representantes electos deberán cumplir las normas en vigor dirigidas a limitar al desempeño concurrente de uno o más cargos políticos.

Los representantes electos deberán abstenerse de ejercer cualquier otro cargo
político que les impida desempeñar sus funciones como representante electo.

También deberán abstenerse de disfrutar o desempeñar funciones, mandatos
electos, cargos o nombramientos oficiales que impliquen la supervisión de sus
propias funciones como representante electo o de funciones que se suponga que ellos mismos supervisan en su capacidad de representante electo.

Artículo 12 - Ejercicio de facultades discrecionales

Al ejercer sus facultades discrecionales, los representantes electos deberán
abstenerse de concederse ninguna ventaja a ellos mismos, ya sea directa o
indirecta, así como de conceder a ninguna otra persona o grupo de personas
ventaja alguna con el fin de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos.

Deberán exponerse los motivos detallados de cada decisión, especificando todos los factores en los que se basa la misma, y en particular, las normas aplicables, e indicando cómo la decisión cumple dichas normas.

A falta de normas, los motivos de la decisión deberán incluir elementos que
demuestren su proporcionalidad, imparcialidad y conformidad con el interés
público.

Artículo 13 - Prohibición de la corrupción

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán
abstenerse de cualquier conducta que se considere, con arreglo a la legislación
penal nacional o internacional en vigor, como un soborno pasivo o activo.

Artículo 14 - Respeto de la disciplina presupuestaria y financiera

Los representantes electos deberán comprometerse a respetar la disciplina presupuestaria y financiera, que garantiza la correcta administración del dinero público, tal y como se defina en la legislación nacional relevante.

En el desempeño de sus deberes, los representantes electos deberán abstenerse de cualquier acto encaminado a una apropiación indebida de fondos y/o ayudas de carácter público. Deberán abstenerse de cualquier acto que pueda llevar a que se utilicen fondos y/o ayudas de carácter público con fines personales, ya sean directos o indirectos.

3 - Abandono del cargo

Artículo 15 - Prohibición de garantizar ciertos cargos

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán
abstenerse de tomar cualquier medida encaminada a concederse una ventaja
profesional personal una vez que haya renunciado a sus funciones:

- en organismos públicos o privados que hayan supervisado en el
desempeño de dichas funciones;

- en organismos públicos o privados que con los que hayan establecido una
relación contractual en el desempeño de dichas funciones;

- en organismos públicos o privados que se hayan creado durante su
mandato o en virtud de los poderes que se le hubieran conferido.

IV - Sistemas de supervisión

1 - Asunción del cargo

Artículo 16 - Limitación y declaración de los gastos de campaña

Los candidatos deberán mantener unos gastos por sus campañas electorales
proporcionados y dentro de unos límites racionales.

Deberán cumplir diligentemente cualquier medida impuesta por las normas en
vigor que obligue a hacer público el origen y la cantidad de los ingresos que hayan dedicado a financiar campañas y la naturaleza y el importe de sus gastos.

A falta de normas en vigor al respecto, deberán ofrecer esta información previa
solicitud.

2 - Desempeño del cargo

Artículo 17 - Declaración de intereses

Los representantes electos deberán cumplir diligentemente cualquier medida
impuesta por las normas en vigor que les obligue a hacer público o a que se
controle cualquiera de sus intereses personales, ya sean directos o indirectos, sus otros mandatos, funciones u ocupaciones, o los cambios en su patrimonio.

A falta de normas al respecto, deberá ofrecer esta información previa solicitud.

Artículo 18 - Cumplimiento de las medidas de supervisión internas o externas

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán abstenerse de obstaculizar la ejecución de cualquier medida de supervisión que las autoridades internas o externas relevantes pudieran decidir tomar con la debida justificación y transparencia.

Deberán cumplir diligentemente cualquier decisión definitiva o inmediatamente ejecutable tomada por dichas autoridades.

Al exponer los motivos de sus actuaciones o decisiones objeto de dicha supervisión, deberán mencionar expresamente la existencia de las medidas de supervisión y especificar las autoridades competentes para su ejecución.

V - Relaciones con el público

Artículo 19 - Divulgación y motivación de las decisiones

Los representantes electos serán responsables ante toda la población local
durante todo su mandato.

Los representantes electos deberán ofrecer motivos detallados de cualquier
decisión que tomen, especificando todos los factores en los que se basa la misma, y en particular, las normas aplicables, e indicando cómo la decisión cumple dichas normas.

Si dicha información fuera confidencial, deberán explicarse los motivos de dicha confidencialidad.

Los representantes electos deberán responder diligentemente a cualquier solicitud del público relativa al desempeño de sus funciones, los motivos de su actuación, o el funcionamiento de los servicios y departamentos de los que son responsables.

Deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente la transparencia en relación con sus facultades, el ejercicio de las mismas y el funcionamiento de los servicios y departamentos de los que son responsables.

VI - Relaciones con el personal del gobierno local

Artículo 20 – Nombramientos

Los representantes electos deberán comprometerse a evitar cualquier
nombramiento de personal administrativo basado en principios distintos del
reconocimiento de los méritos y competencias profesionales y/o con fines ajenos a las necesidades del departamento.

En cuestiones de nombramientos y promoción del personal, los representantes
electos deberán tomar una decisión objetiva y razonada, mostrando la debida
diligencia.

Artículo 21 - Respeto por las funciones del personal del gobierno local

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán mostrar el debido respeto por las funciones del personal del gobierno local a su cargo, sin perjuicio del legítimo ejercicio de su autoridad jerárquica.
Deberán abstenerse de solicitar o pedir a empleados públicos que se cumplan o no cumplan alguna medida con el fin de obtener una ventaja personal, ya sea
directa o indirecta, u ofrecer una ventaja a personas o grupos de personas con el objetivo de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos.

Artículo 22 - Promoción de las funciones del personal del gobierno local

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán garantizar que las funciones y tareas de los empleados del gobierno local a su cargo se promueven al máximo.

Deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente mejoras en el
rendimiento operativo de los servicios o departamentos a su cargo y la motivación del personal en cuestión.

VII - Relaciones con los medios de comunicación

Artículo 23

Los representantes electos deberán responder diligentemente, con honradez y en su totalidad a cualquier solicitud de información formulada por los medios de comunicación en relación con el desempeño de sus funciones, pero deberán abstenerse de suministrar cualquier dato confidencial o información relativa a la vida privada de representantes electos o de terceros.

Deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente la cobertura por parte de los medios de comunicación de sus facultades, el desempeño de sus funciones y el funcionamiento de los servicios y departamentos a su cargo.

VIII - Información, difusión y concienciación

Artículo 24 - Difusión del código de conducta entre los representantes electos

Los representantes electos deberán comprometerse a garantizar que han leído y comprendido todas las disposiciones del presente'código y las normas que se
mencionan en el mismo, y deberán declarar que están dispuestos a guiarse por
las disposiciones del código.

Artículo 25 - Difusión del código entre el público, el personal de gobierno local y los medios de comunicación

Los representantes electos deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente la difusión del presente código entre el personal a su cargo, el público y los medios de comunicación, y que aumente la concienciación de dichas personas con respecto a los principios incluidos en el mismo.

Para más información pónganse en contacto con:
Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Council of Europe
Tel: +33 (0)3 8841 36 85/31 75
Fax: +33 (0)3 88 41 27 51/37 47
Internet: http://www.coe.fr/cplre
E-mail: daniil.Khochabo@coe.int
Este folleto es una contribución al proyecto integrado del Consejo de Europa
“Garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
http://www.coe.int/democracy

miércoles, 6 de octubre de 2010

La mía no lo comparte, dice que más le costó a ella.

Lo que cuesta una novia

Llamada a su casa para quedar con ella (llamada de teléfono fijo a fijo) 25 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 25 ptas.

Esta con unas amigas. Llamada al movil para quedar con ella 55 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 80 ptas.

Conversación superflua en la llamada 350 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 430 ptas.

Habeis quedado en un bar. Mientras esperas tomas dos cafes 250 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 680 ptas.

Y fumas medio paquete de tabaco. 200 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 880 ptas.

Llega ella y tomas otro cafe. 125 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 1005 ptas.

Pagas para ella un te con limon. 250 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 1255 ptas.

Entre los dos fumais el resto del tabaco. 200 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 1455 ptas.

Ella quiere pasear y ver escaparates. Le compras un capricho que tiene al momento. 1500 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 2955 ptas.

A ella le apetece ir al cine. Dos entradas de cine. 1500 ptas......
TOTAL ACUMULADO: 4455 ptas.

Al salir del cine es tarde. Cena en un restaurante decente. 2500 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 6955 ptas.

Pagas la cena de ella. 3750 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 10705 ptas.

Al acabar, a ella le apetece bailar. Dos entradas para la discoteca. 4000 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 14705 ptas.

Al salir de la discoteca, ella tiene hambre. Compras dos croissanes para cada uno. 520 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 15225 ptas.

Para volver, ella quiere un taxi. 475 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 15700 ptas.

Compras unos preservativos en la maquina. 400 ptas.
TOTAL ACUMULADO: 16100 ptas.

Al llegar a su casa, ella tiene jaqueca.

CONCLUSION: En una relación estable, tus pajas te cuestan 16100 ptas la unidad.

HACERSE UNA PAJA... NO TIENE PRECIO.

TODO LO DEMAS CON VISA MASTERCARD.

lunes, 4 de octubre de 2010

LA PSEUDO-DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES

"Hoy es el día en que los diferentes candidatos a disputar primarias en el PSOE han presentado sus avales y la dirección local o regional correspondiente les ha confirmado, o no, que pueden seguir adelante con las primarias ya como candidatos. Frente al gran circo organizado en Madrid (que a mi juicio, sobre todo, es la mejor prueba de los peligrosos que conlleva la ocurrencia de que un Presidente del Gobierno decida quedarse en agosto en Moncloa en lugar de irse de vacaciones, pues a los 3 días se queda sin nada que hacer, dado que la actividad del país y de la Administración es nula, y empieza a maquinar maldades, por puro aburrimiento y ponerse a hacer algo, de donde nada bueno puede salir: ya sea para reformar el mercado de trabajo y cargarse derechos de los trabajadores, ya sea para poner en marcha un "genial" proceso de primarias que le llevará a dar un maquiavélico golpe de timón a las expectativas de su partido y a su imegne pública con los resultados que todos hemos podido comprobar), al que se ha prestado gran atención, tenemos también otras pistas de circo igualmente entretenidas en otras Comunidades Autónomas (Murcia, Canarias, La Rioja) y muy especialmente en la Comunidad Valenciana, donde en las dos principales ciudades (Valencia y Alicante) se van a disputar primarias mientras que a escala regional, a estas alturas, parece ya evidente que, en cambio, no será así tras la última exhibición de "talante" de la dirección regional del Partit Socialista del País Valencià, que ha dejado fuera al ex-Ministro Antoni Asunción anulándole en plan chungo no sé cuántos avales tras haberle puesto mil y una zancadillas previas.
Todo este espectáculo permite reflexionar sobre muchas cosas (si es éste el mejor modelo, si acabaremos llegando a que se generalice por influencia de los EE.UU., si es mejor abrir el proceso a la sociedad como en Francia o los propios EE.UU. o que sean primarias internas, si las expectativas de un partido se fortalecen como consecuencia de estos duelos y la atención que generan...) pero a mí, esencialmente, me interesa destacar la contradicción que supone que los agentes articuladores de los mecanismos de participación e institucionalización de las prácticas democráticas, esto es, los partidos políticos, sean, a la hora de la verdad, tan poco democráticos en su funcionamiento interno. Y lo sangrante que es que esto se visualice con particular intensidad justamente cuando concurre un elemento como el de las primarias que, precisamente, debiera ser todo lo contrario, caray, una oda a la vida democrática y libre dentro de los partidos.
Dinámica peligrosísima porque para que una democracia sea sana y funcione satisfactoriamente es imprescindible que los agentes que participan en el proceso deliberativo y lo canalizan electoralmente sean, a su vez, democráticos y estén abiertos a la participación y a la porosidad social. A largo plazo, si los partidos no cumplen adecuadamente con estas exigencias, se genera un descrédito ganado a pulso que los condena a concentrar poder pero carecer de autoridad social y de legitimidad ante los ciudadanos. Basta ver lo que ha ocurrido con los sindicatos en las útimas décadas, y cómo su acumulación de poder y la manera en que lo han articulado los ha convertido en entes socialmente desacreditados y parias en términos de legitimidad (con las desastrosas consecuencias que, en el fondo, ello conlleva y si alguien no lo tiene claro que reflexiones sobre la evolución de nuestras normas de protección social a medida que la imagen pública de los sindicatos ha ido enfangándose más y más) para que podamos intuir qué puede acabar pasando, qué está ocurriendo ya, con nuestros partidos políticos.

De hecho, en España tenemos un problema creciente en este sentido, que se traduce en un mal funcionamiento de nuestra democracia. Gran parte de los problemas que padecemos pueden reconducirse, en tanto que consecuencias bien mediatas, bien inmediatas, al modelo de partidos que padecemos y que, además, se encuentra reforzadísimo, apuntaladísimo, por un sistema electoral que ofrece perversos incentivos a las formaciones monolíticas y a las estructuras grandes, potentes y consolidadas por encima del valor personal, y de la confianza que pueda generar en la ciudadanía, de una persona.
En la práctica, a día de hoy, los partidos políticos son organizaciones muy burocratizadas donde quienes tienen el poder son, por así llamarlos, "los funcionarios del partido". Estas personas viven instaladas, como consecuencia de ello, en una lógica de funcionamiento que prima los intereses y equilibrios orgánicos frente a la implicación social. La dirección de los partidos ha de tener contenta a esta masa de militancia, que supone un porcentaje importante y que, además, es la más activa e implicada, con toda suerte de pactos y repartos de poder, y a ello dedica gran parte de su tiempo y actividad. La proyección social es lo de menos. Ganar elecciones, incluso, también, pues se puede vivir bien, si tienes tu espacio en el partido fortificado, en la oposición. Muy bien, de hecho. La apertura para permitir la participación de colectivos sociales o de personas con preocupaciones de tipo cívico, también. Y, como resultado de todo ello, se conforman unas elites burocratizadas, que apenas han hecho otra cosa en la vida que vivir en la estructura del partido (y de la estructura del partido), sin excesiva formación, sin experiencias vitales o laborales más allá de la dinámica reseñada. Unas castas de partido que, además, están dispuestas a hacer cualquier cosa para conservar sus espacios de poder, por pequeños que sean, ya que les va la vida (casi literalmente, pues sí les va la forma de ganársela) en ello. Frente a las que otro tipo de personas, en un fenómeno que se retroalimenta, acaban entregando bandera blanca. Porque cualquiera con otras opciones, formado, capaz, expectativas profesionales... acaba llegando a un punto en que decide que no le compensa tener que pasar por según qué aros y se acaba largando. Sólo una extraordinaria vocación de servicio público, que indudablemente conservan algunas personas (¡sí, incluso en los partidos políticos españoles quedan entusiastas vocacionales!), puede compensar las ganas que dan de largarse cada dos por tres cuando se conocen las interioridades de la vida de partido. Y, como consecuencia de ello, las burocracias internas plagadas de "profesionales de la política" cada vez son más monolíticas. Basta echar un vistazo a las planas mayores de los grandes partidos, o a la ejecutiva de cualquiera de ellos en no importa qué Comunidad Autónoma, pueblo o ciudad, para entender de qué estoy hablando.
Para acabar con este estado de cosas sería importantísimo lograr una reforma electoral que permitiera más representatividad y no masacrara a los partidos pequeños (como ya hemos comentado), un modelo que quizás combinara listas proporcionales con distritos uninominales y, en general, una reforma en los usos y paautas electorales que pudiera pasar, incluso, por incluir listas abiertas. Porque, de otro modo, estas burocracias de partido se hacen día a día más fuertes. ¡Si incluso viven muy bien perdiendo elecciones siempre y cuando conserven el poder interno!
Pero más allá de eso conviene empezar a exigir, como ciudadanos (lo cual se traduce en votar de una determinada manera), pautas de participación eficaces en el seno de los partidos y una mínima aplicación del principio democrático que la propia Constitución obliga (art. 6) a los partidos políticos a cumplir. Como es obvio, no necesariamente pasa la democratización por un modelo de primarias (podría haber otros perfectamente democráticos que prescindieran de ellas), aunque probablemente éstas son la única manera realista de romper las dinámicas unitaristas y monolíticas del actual sistema de partidos. Pero, sea con primarias o sin ellas, lo que es imprescindible es denunciar los usos totalitarios y anti-participativos tan frecuentes en las actuales estructuras de poder de los partidos. Que, por ejemplo, con el actual proceso de primarias, están apareciendo en todo su esplendor en el PSOE (y especialmente en el PSPV, caso que conozco más por una cuestión de cercanía).
¿Cómo es posible que un partido ponga en marcha un proceso de primarias que, supuestamente democrático y participativo, a la hora de la verdad está plagado de decisiones incoherentes con esa orientación? Repasemos, tomando como ejemplo lo que está pasando en el PSOE (y particularmente en el caso de Asunción, que es el más espectacular por la pertinaz incomprensión de la esencia de la democracia que tienen los dirigentes del PSPV y porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en Madrid, no hay una lucha de dos "aparatos", el federal y el regional, uno contra otro, sino de un aparato para aplastar a los militantes de base y la expresión de su voluntad):
- ¿Es razonable pedir firmas para optar a las primarias y no dar el censo de personas de entre las que se tienen que sacar esos avales? Si bien es perfectamente razonable exigir firmas para garantizar que quienes se presentan tienen un mínimo de apoyo, es dudoso que sea preciso que el porcentaje sea tan elevado (pedir la firma del 15 ó 20% de una organización donde un número importantísimo de militantes está en estado de hibernación es un requisito cuando menos exigente). Pero, sobre todo, es impresentable que no se aporte el censo de militantes a quienes han de reunir las firmas mientras que el candidato del aparato, en la práctica, sí dispone de él. Como es evidente, esta medida persigue un único objetivo: dificultar y hacer perder el tiempo a quien ha de recoger avales (que ha de indagar quién es militante y quién no, quién aparece en el censo y quién no, quién está al corriente de las cuotas y quién no...)
- ¿Es razonable que avalar la presentación de alguien a un proceso electoral comporte que no se pueda avalar a nadie más? Una de las reglas básicas de la democracia es que incentivar el debate, la discusión y la participación es un bien en sí mismo. Precisamente por este motivo es perfectamente posible, razonable e incluso plausible que una persona, aun difiriendo del proyecto político de un compañero, pueda desear darle su apoyo porque entiende que es bueno que se pueda presentar, se discutan las cosas y, a la postre, el que haya logrado convencer a más gente, gane. Sin embargo, el PSOE ha impuesto la prohibición, absurda e incoherente, de que se pueda avalar a más de un candidato. Si se hace así, además, ni siquiera se consulta al militante qué aval prefiere que valga (o ni siquiera se da validez, por ejemplo, al último), sino que se anulan los dos avales. Esta regla confunde avalar para presentarse a un proceso con la elección de tu preferencia, donde, como es obvio, la lógica dice que se ha de optar por una de las alternativas. Y la regla, que quizás no tenía esa intención, ha sido usada, sobre todo en Valencia, de una manera escandalosa: aprovechando la capacidad de "presión" de los candidatos oficiales (conocen el censo y, además, son quienes mandan, por lo que la gente es reacia a negarles nada) han puesto a los aparatos a recoger firmas para ellos, a pesar de que ya habían sido proclamados candidatos por las respectivas ejecutivas con la expresa y expresada intención de lograr, por esta vía, "achicar" el espacio de los candidatos alternativos y, a la postre, dificultarles la consecución de los avales por la vía de lograr anulaciones masivas.
- Por último, la gestión de plazos y demás garantías ha sido de risa. Gente como Asunción ha tenido apenas dos semanas para lograr más de 3.000 avales (a pesar de lo cual los ha logrado, otra cosa es que luego se los hayan anulado en plan chungo acudiendo a elementos como los ya explicados). Pero las cosas son incluso peores en el Ayuntamiento de Valencia donde, por ejemplo, el candidato alternativo, Manolo Mata, ha tenido que lograr los avales (unos 400, el 20% del censo de la ciudad de Valencia)... ¡en menos de una semana! A pesar de estas dificultades, al parecer, lo ha logrado, superando con suficiente amplitud la cifra como para que las maniobras anteriormente reseñadas no deban afectarle en exceso y demostrando hasta qué punto la militancia de los partidos, o al menos el sector que no participa de los cargos orgánicos, está tanto o más harta de este tipo de modos y maneras de actuar que la propia ciudadanía.
En conclusión, que por mal camino van los partidos políticos españoles si no entienden que, a medio y largo plazo, estas prácticas de endogamia parasitaria del partido les condenarán a un triste destino, semejante al de los sindicatos. Habrá algún cínico que dirá que, total, a ellos, plim, mientras sigan teniendo poder, eso de la autoridad y la legitimidad. Pero nadie sensato puede estar satisfecho, dentro de los sindicatos, al ser conscientes de que su acumulación de poder ha ido de la mano de un creciente descrédito social que a día de hoy les convierte, de facto, en organizaciones socialmente figurativas, preludio de la desaparición, poco a poco, del poder institucional que tienen. Es decir, que la propia supervivencia de su medio de vida, a este paso, acabará puesta en cuestión.
Habrá también además quien pretenda resaltar, al margen de esta apelación al interés del cínico, los beneficiosos efectos sociales derivados de que los partidos funcionaran de otra manera. Pero, en este caso, de tan obvio que es el asunto, casi que mejor ni ponerse a explicarlo. Porque todos los tenemos claro... menos quienes están a día de hoy en las ejecutivas de los partidos políticos españoles." (sic)

Fuente: http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=288

viernes, 1 de octubre de 2010

Un aniversario más.

EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA

Con la proclamación de la República, en abril de 1931, la igualdad de los sexos pasó por fin a ser una posibilidad real con la aprobación de la nueva constitución.
La tarea de redactar un proyecto de constitución le fue asignada en primer lugar a una comisión judicial encabezada por el abogado conservador A. Ossorio y Gallardo. Su anteproyecto fue rechazado y se encomendó la labor a una comisión parlamentaria presidida por el abogado socialista Luis Jiménez de Asúa. Su proyecto fue presentado en Cortes el 27 de agosto de 1931 y aprobado, con algunas modificaciones, el 9 de diciembre. La constitución que Jiménez de Asúa describió como de izquierda, pero no socialista estaba inspirada fundamentalmente en aquellas de Méjico (1917), Rusia (1918) y la República de Weimar (1919).
Los compiladores del anteproyecto se habían mostrado más bien cautos con respecto a la cuestión de la igualdad de los sexos y habían sugerido la siguiente redacción:
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce en principio la igualdad de derechos de los dos sexos. Clara Campoamor, diputada radical y miembro de la comisión parlamentaria, protestó vigorosamente de que sólo se reconociese "en principio" la igualdad de derechos, y consiguió finalmente que se enmendara el artículo hasta quedar como sigue:
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones o títulos nobiliarios. (art. 25)
El artículo 40 trataba de la discriminación en puestos oficiales: Todos los españoles, sin distinción de sexos, son admisibles en los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. El artículo 46 declaraba que el trabajo era una obligación social y sería protegido por ley, que regularía los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, etc. El artículo 36 - del que hablaremos más detenidamente - confería los mismos derechos electorales al hombre y a la mujer mayores de veintitrés años. El artículo 53 otorgaba el derecho a ser diputado a todos los ciudadanos mayores de veintitrés años sin distinción de sexo, frase que, sin embargo, fue omitida en el artículo 69, por el cual eran elegibles para el cargo de presidente todos los ciudadanos mayores de cuarenta años. El artículo 43 trataba de la familia: La familia está bajo la salvaguardia del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa ...
En cuanto al divorcio, había pocos países en 1931 en los que no se hubiera aprobado una ley al respecto: España e Italia eran las dos principales excepciones en Europa. Sin embargo, la ley del divorcio española, cuando por fin fue aprobada (1932), era una de la más progresistas de las existentes. Es difícil determinar a ciencia cierta cuántas personas se acogieron a la ley del divorcio y hasta qué punto ésta fue popular entre las mujeres. Probablemente, la mayoría de las mujeres españolas siguieron obedeciendo a su conciencia católica y tomaron nota de los sermones y pastorales que les advertían que si se divorciaban y volvían a casarse, o incluso en el caso de contraer matrimonio civil, les serían negados los sacramentos y sus hijos serían considerados ilegítimos por la ley canónica. A los sacerdotes que pronunciaban sermones semejantes se les encarcelaba y multaba basándose en la Ley de Defensa de la República. La derecha, naturalmente, se oponía a la ley del divorcio, y los partidos unidos en la Confederación Española de Derechas Autónomas incluían la revocación de la ley en su programa. La ley suscitó muy poco entusiasmo entre la extrema izquierda por distintos motivos. Para Jiménez de Asúa, la ley no era más que un pobre paliativo al gran problema de la coyunda, cuya solución real era la libre unión. El diario anarquista Solidaridad Obrera despreció la ley por ser una intervención innecesaria del Estado en los asuntos privados del individuo. Denotaba simplemente que había muchas personas incapaces de resolver ni siquiera sus problemas más personales sin la ayuda del cura que los idiotiza y del laico, que hace esto último y... lo primero (6 de diciembre de 1931).
Si el divorcio fue objeto de mucha controversia, no le quedó a la zaga el derecho de la mujer a votar. El Gobierno provisional, en un decreto de 8 de mayo de 1931, concedió el voto a todos los hombres mayores de veintitrés años y declaró que las mujeres y los curas podían ser elegidos para ser diputados. En las elecciones celebradas en junio de aquel año fueron elegidas dos mujeres diputadas, Clara Campoamor (Partido Radical) y Victoria Kent (Izquierda Republicana): dos mujeres de un total de 465 diputados. A finales de aquel mismo año otra mujer diputada, Margarita Nelken (Partido Socialista), ingresó en las Cortes. De las tres, Clara Campoamor, abogada, fue la más asidua defensora de los derechos de la mujer y desempeñó un papel importante en el debate acerca del sufragio femenino.
El anteproyecto sólo había dado el voto a la mujer soltera y a la viuda, propuesta que defendió A. Ossorio Gallardo sobre la curiosa base que, hasta que los maridos estuviesen preparados para la vida política, el sufragio femenino podía ser una fuente de discordia doméstica. En general, sin embargo, la oposición a conceder el voto a la mujer, casada o soltera, estaba basada en el temor a que no estuviese todavía lo suficientemente independizada de la Iglesia y su voto fuese en su mayor parte derechista, poniendo así en peligro la existencia misma de la República. Aunque Jiménez de Asúa compartía dicho temor, pensaba que la conveniencia política no debía justificar que se negase un derecho legítimo que sería utilizado juiciosamente por aquellas mujeres económicamente independientes y conscientes de sus responsabilidades sociales. Otros estaban estaban menos dispuestos a aceptar el riesgo. Los republicanos de izquierda, radicales y radicales-socialistas fueron los que más se opusieron. Los radical-socialistas presentaron una enmienda el 1 de septiembre de 1931 para restringir los derechos electorales exclusivamente a los hombres. Al día siguiente, el doctor Novoa Santos proporcionó argumentos biológicos para dar fuerza a los argumentos de conveniencia política: a la mujer no la dominaban la reflexión y el espíritu crítico, se dejaba llevar siempre de la emoción, de todo aquello que hablaba a sus sentimientos; el histerismo no era una simple enfermedad, sino la propia estructura de la mujer. El 30 de septiembre, cuando se volvió a discutir la cuestión, se echó mano del ridículo para complementar a la biología. Hilario Ayuso entretuvo a la concurrencia con un discurso trivial en defensa de una enmienda de Acción Republicana que proponía que les fuesen concedidos los mismos derechos electorales a los hombres mayores de veintitrés años y a las mujeres mayores de cuarenta y cinco, basándose en que la mujer era deficiente en voluntad y en inteligencia hasta cumplir dicha edad. Al entrar en el Congreso le salieron al paso las mujeres de la ANME, que estuvieron presentes en todos los debates y distribuyeron octavillas entre los diputados conminándoles a apoyar el sufragio femenino. Los radicales propusieron una enmienda con el fin de que se omitiera la palabra mismos en el artículo que rezaba: Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Guerra del Río, defensor de la moción, arguyó que tal modificación permitiría a las Cortes conceder el voto a la mujer en una ley lectoral que podría ser revocada si la mujer votaba por los partidos reaccionarios. La enmienda fue rechazada (153 en contra, 93 a favor), pero los radicales y radical-socialistas que habían votado sin someterse a la disciplina de partido pronto se arrepintieron, y El Heraldo (1 de octubre de 1931) recogía los rumores de un intento de última hora de pactar con los socialistas: Probablemente se satisfará el deseo de los socialistas de conceder el voto masculino desde los veintiún años y, a cambio de eso, se condicionará el voto a la mujer. Los socialistas rechazaron el pacto y el debate continuó al día siguiente.
El hecho de que Clara Campoamor defendiera el sufragismo femenino y de que Victoria Kent se opusiera provocó muchas burlas. Azaña describió la sesión como muy divertida. Informaciones (1 de octubre de 1931) comentaba dos mujeres solamente en la Cámara, y ni por casualidad están de acuerdo, y La Voz (2 de octubre de 1931) preguntaba medio en broma medio en serio: ¿qué ocurrirá cuando sean 50 las que actúen?. En el debate del día 1 de octubre de 1931, Victoria Kent propuso que se aplazara la concesión del voto a la mujer; no era, decía, una cuestión de la capacidad de la mujer, sino de oportunidad para la República. El momento oportuno sería al cabo de algunos años, cuando las mujeres pudiesen apreciar los beneficios que les ofrecía la República. Clara Campoamor replicaba diciendo que la mujer había demostrado sentido de la responsabilidad social, que el índice de analfabetos era mayor en los hombres que en las mujeres y que sólo aquellos que creyesen que las mujeres no eran seres humanos podían negarles la igualdad de derechos con los hombres. Advirtió a los diputados de las consecuencias de defraudar las esperanzas que las mujeres habían puesto en la República: No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la Dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza está en el comunismo. Guerra del Río aplaudió los sentimientos expresados por Clara Campaomor, quien, según él, servía de portavoz de lo que siempre fue, es y será mañana ideal del Partido Republicano Radical: la igualdad absoluta de derechos para ambos sexos. Sin embargo, siguió diciendo, los radicales pensaban que era prematura la inmediata concesión del voto a la mujer, y por tanto votarían en contra. Ovejero, en nombre de los socialistas, dijo que, aunque sabían que existía la posibilidad de perder escaños en las próximas elecciones, eso no tenía importancia comparado con la educación política de la mujer española; querían el sufragio femenino para llamar a la conciencia de la mujer y convertirla en cooperadora eficaz del resurgimiento español. Cuando el artículo 34 - que establecía la equiparación de derechos electorales para los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años - fue finalmente aprobado por 161 votos a favor y 121 en contra, se produjo un clamor: La concesión del voto a las mujeres, acordada ayer por la Cámara, determinó un escándalo formidable, que continuó luego en los pasillos. Las opiniones eran contradictorias. El banco azul fue casi asaltado por grupos de diputados que discutían con los ministros y daban pruebas de gran exaltación. (La Voz, 2 de octubre de 1931). Votaron a favor: el Partido Socialista (con alguna sonada excepción como la de Indalecio Prieto), la derecha y pequeños núcleos republicanos (catalanes, progresistas y Agrupación al servicio de la República); en contra, Acción Republicana, y los radical-socialistas y radical (con la excepción de Clara Campoamor y otros cuatro diputados).
Indalecio Prieto, quien había intentado persuadir a sus compañeros socialistas de votar en contra del artículo o abstenerse de votar, gritó que aquello era una puñalada trapera para la República. Los radical-socialistas declararon que ya no harían más concesiones en la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el estado y amenazaron con no dejar un cura vivo en España. Una táctica que Marañón describió como una confesión de cobardía y de falta de autoridad en los políticos de izquierda sobre sus mujeres e hijas (El Heraldo, 2 de octubre de 1931). Como si se quisiese asegurarse de que no faltara ningún elemento de la farsa grotesca en este esperpento de la vida real, El Sol (2 de octubre de 1931) informaba así de la aprobación del artículo 34: La galantería logró un triunfo indiscutible. Virtud española que perdura, para bien del "qué dirán", pese a ciertos jacobinismos que nos sacuden. Pase lo que pase - hay quien asegura otro 14 de abril al revés - resultará lindo que los poetas del futuro canten en sonetos a este 1931, en que los hijos de España se jugaron a cara y cruz un régimen por gusto de sus mujeres. El triunfo del 1 de octubre, sin embargo, no fue definitivo. En la sesión del 1 de diciembre, Peñalba (Acción Republicana) propuso una enmienda que permitiría a las mujeres votar en las elecciones municipales, pero no en las nacionales hasta que los ayuntamientos se hubiesen renovado por completo. Si la enmienda hubiese prosperado, las mujeres se habrían quedado todavía sin voto en 1936. El último intento se produjo en diciembre de 1932 cuando el gobierno anunció su intención de convocar elecciones parciales para cubrir las vacantes en Cortes. Finalmente, las elecciones parciales no llegaron a producirse.
Las primeras elecciones en las que participaron las mujeres fueron las de 1933, e inevitablemente se les echó la culpa de la victoria de la derecha. Era, sin embargo, una conclusión superficial. Aún aceptando que una parte del electorado femenino hubiera podido influir en el resultado favorable a las derechas de los comicios del 33, si se sumaban todos los votos de izquierda emitidos en esas elecciones todavía superaban a los de los conservadores. Se trataba sobre todo de un problema de estrategia y unidad, como se encargaría de demostrar las elecciones de febrero de 1936 con el triunfo del Frente Popular.
En todo caso, las tesis sufragistas acababan de anotarse un triunfo en España. La concesión del voto, como la del divorcio, fueron logros de la mujer en el periodo republicano, pero logros tan efímeros como el propio régimen que los había posibilitado. La Guerra Civil y el nuevo Estado impuesto tras la victoria de las fuerzas franquistas el 1 de abril de 1939 darían al traste con todo lo conseguido. Habría que esperar al cierre de ese largo paréntesis de 40 años para que las mujeres recuperaran el punto de partida que significó la conquista del voto en 1931.


FUENTE.

http://www.almendron.com/historia/contemporanea/sufragismo/sufragismo_3.htm